Procuraduría no podría volver a sancionar a políticos elegidos por voto popular

La función más poderosa de la Procuraduría, que le permite expulsar de la esfera política a líderes elegidos popularmente, es la que precisamente puso varias veces en jaque a la entidad encargada de ser garante de los derechos ciudadanos. Casos como el de la exsenadora Piedad Córdoba o el exalcalde Alonso Salazar –quienes posteriormente recuperaron […]

De Cesar Otero

18 abril, 2017

La función más poderosa de la Procuraduría, que le permite expulsar de la esfera política a líderes elegidos popularmente, es la que precisamente puso varias veces en jaque a la entidad encargada de ser garante de los derechos ciudadanos.

Casos como el de la exsenadora Piedad Córdoba o el exalcalde Alonso Salazar –quienes posteriormente recuperaron sus derechos políticos en el Consejo de Estado- o el de Gustavo Petro, cuyo caso es revisado por el alto tribunal, llevaron a que la figura del jefe del Ministerio Público pasara, a juicio de los más críticos, de ser un protector a un deslegitimador del voto de las mayorías.

Estas controversias -que también son recurrentes en múltiples demandas que cursan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos- serían zanjadas por cuenta de la profunda cirugía al sistema electoral que propone la Misión elegida en el marco del proceso de paz.

Cumplidos tres meses de su creación, los integrantes de la Misión Electoral sentaron la base de lo que será la siguiente batalla política en Colombia. Una reingeniería alrededor al sistema electoral, fue entregada este lunes a la Presidencia para que comience consultas y, como ya lo anunció el gobierno, se entregue un proyecto final al Congreso la primera semana de mayo.

El trámite se realizaría por la vía del fast track y los cambios más radicales no serían de implementación inmediata, es decir, no aplicarían para las elecciones del 2018.

Lo que presentaron los miembros de la Misión Electoral incluye una nueva arquitectura institucional, listas cerradas para Cámara y Senado, y fórmulas de control para la financiación de campañas políticas.

La controversia por este revolcón comenzó hace varias semanas, por lo que ya se hicieron cambios sobre el documento preliminar. «Oímos a cada uno de los partidos, de las agrupaciones políticas”, aseguró Alberto Yepes, miembro de la comisión.

Fuente: Revista SEMANA

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