Fiscalía hace ¨Barre Jobo¨ en Cordoba y Sucre

El turbio manejo de los denominados cupos indicativos o partidas regionales que entregó el Presidente Juan Manuel Santos a los congresistas conocidos como ‘mermelada’ comienzan a tener efectos judiciales. Es el caso de un ‘cupo indicativo’ por $14 mil millones proveniente de los recursos de las regalías y que compartieron el ex representante de Opción […]

De Cesar Otero

12 mayo, 2017

El turbio manejo de los denominados cupos indicativos o partidas regionales que entregó el Presidente Juan Manuel Santos a los congresistas conocidos como ‘mermelada’ comienzan a tener efectos judiciales. Es el caso de un ‘cupo indicativo’ por $14 mil millones proveniente de los recursos de las regalías y que compartieron el ex representante de Opción Ciudadana Yahir Acuña y la Senadora conservadora Nora García Burgos.

Ambos parlamentarios fueron favorecidos por el gobierno nacional, a través del entonces Secretario General de la Presidencia, Aurelio Iragorri, para gestionar un contrato para la rehabilitación y recuperación de las playas del Golfo de Morrosquillo en los municipios de Tolú y Coveñas en el departamento de Sucre.

Las obras nunca se realizaron y los responsables en primera instancia, funcionarios de primer rango y el contratista, terminaron detenidos en un operativo relámpago que realizaron agentes del CTI está madrugada en la región. Los capturados son el exalcalde de Coveñas, César Serrano Romero, el exsecretario de Planeación Óscar Fontalvo Abuchar, la jefe de obras Derlys Fuentes y un contratista de chinu, representante legal de la firma Consorcio Playas Coveñas-Tolú, escogida por los políticos que direccionaron los recursos para ejecutar la obra que nunca se concluyó.

El alcalde capturado fue electo con el aval de Afrovides, grupo político que controla Yahir Acuña y el contratista.

El contrato  se firmó el 28 de Octubre de 2013 y tuvo un anticipo del 50%, es decir, $ 7.000 millones, disponibles 6 meses antes de las elecciones legislativas.  Desde un principio el contrato comenzó a despertar sospechas. La ley establece que todo obra pública que se ejecute en zonas con población afrodescendiente o indígena, como es el caso de Tolú y Coveñas, debe cumplir con el requisito de realizar una consulta previa con las comunidades de dicha región. Sin embargo, la ejecución de la obra se debía realizar sin importar que se tuviera que pasar por encima de esta disposición constitucional, y ahí entró a jugar el ex secretario y entonces ministro del Interior, Aurelio Iragorri, quien autorizó omitir este requisito.

El 22 de Abril de 2014, a menos de una semana de concluir la ejecución del contrato, el director de la oficina de consultas previas del Ministerio del Interior, Alvaro Echeverri Londoño, -subalterno de Aurelio Iragorri– certificó que “en los municipios de Santiago de Tolú y Coveñas no se registra presencia de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras’’ . La certificación No 701 firmada por Echeverri Londoño, le sirvió al contratista y a los políticos detrás de la obra –Nora García y Yahir Acuña– a contar de forma express con la totalidad de los recursos destinados: $14 mil millones en plena campaña electoral.

Durante su visita este martes a Montería el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló la captura en Lorica del actual secretario de educación, Óscar Rhenals España y Pedro Llanos Corrales, representante legal de la fundación Servicios y Obras Sociales de Colombia (SOS), tras las presuntas irregularidades en la contratación realizada con recursos del Sistema General de Participaciones y que arrojó como resultados la inexistencia de 1.549 estudiantes ‘fantasmas’ y cuyo detrimento estaría representado en 1.780 millones de pesos.

En Tuchín fueron capturados el ex alcalde en el 2011 Rodrigo Germán Ortiz Salgado y Richard Salgado Díaz, ex secretario de planeación por la construcción del acueducto del municipio por 600 millones de pesos, sin que se haya puesto en funcionamiento. A ambos se les legalizaron las capturas y la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

En sendos opertativos acaecidos por la DIJIN y la Fiscalía General de la Nación han sido capturados hasta el momento  30 ex funcionarios públicos de alto rango en Córdoba.

Asi mismo el contratista cordobes Leonardo Jalil David Ordosgoitia fue capturado en las últimas horas en una oficina de la ciudad de Riohacha.

Hasta el momento no hay claridad sobre el hecho por el cual el CTI y la Fiscalía habrían capturado al reconocido contratista, oriundo de Sahagún pero residente en Montería. Extraoficialmente se conoció que

Extraoficialmente se ha conocido que su captura estaría relacionada con un contrato de recuperación de Playas en los municipios de Coveñas y Tolú en el departamentos de Sucre y Córdoba.

Fuente: elexpediente.co/elheraldo.co

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